CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 12 de junio de 2024
La noche del lunes pasado, en San Jerónimo Coyula, comunidad perteneciente al municipio de Atlixco, Puebla (cerca de Morelos), se desató un violento episodio que sacudió a todos los presentes: el linchamiento de cuatro individuos y el grave daño infligido a una mujer. Según informes, alrededor de 500 habitantes señalaron a estas cinco personas como responsables de robos de automóviles, lo que desencadenó primero golpizas severas y luego actos incendiarios. Este trágico suceso nos rememora numerosos incidentes similares ocurridos en territorio morelense en el pasado. Veamos más a fondo.
Las reacciones intensamente violentas de comunidades enteras tienen múltiples explicaciones. La persistente falta de aplicación efectiva de la ley y la aparente incapacidad de las autoridades de seguridad pública para crear un entorno que favorezca la convivencia pacífica entre los ciudadanos han llevado a que el hartazgo y la impotencia de estos sectores se canalicen hacia acciones extremas contra aquellos a quienes perciben como infractores o amenazas para su seguridad y la de su comunidad.
En síntesis, los linchamientos son un claro reflejo de las limitaciones del Estado para mantener el monopolio legítimo de la fuerza, asegurar el control territorial y garantizar la aplicación justa de la ley, así como la seguridad de todos los ciudadanos.
Morelos no es un extraño a este fenómeno, ya que a lo largo de diferentes periodos históricos hemos sido testigos de cómo poblaciones enfurecidas han ejecutado linchamientos contra individuos acusados de delitos graves. Es imposible olvidar las escalofriantes imágenes del incidente ocurrido el 3 de agosto de 2018 en Tetela del Volcán, donde un ciudadano colombiano fue quemado vivo hasta su muerte, acusado de formar parte de una banda dedicada a la extorsión.
