Los 36 ayuntamientos de Morelos están reprobados en la supervisión de los centros de arresto en los municipios durante el 2021, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos en Morelos.
La Comisión de Seguridad Pública del Congreso Local, pide atender las recomendaciones de Derechos Humanos para mejorar condiciones en los Centros de Arresto Municipal.
Después de que se dieron a conocer los resultados de la supervisión de los centros de arresto administrativo y módulos de prisión preventiva durante el 2021 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de Morelos, diputado Julio César Solís Serrano, convocó a los 36 ayuntamientos atender las recomendaciones de la CDH, para mejorar las condiciones de los centros de arresto y no violentar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
Lo anterior después de que, el 63.8% de los ayuntamientos en Morelos tuvieron una calificación de 5.3, reprobando la evaluación del instrumento aplicado por la Comisión de Derechos Humanos en Morelos, sobre las condiciones de los Centros de Arresto y Retención así como el grado de protección a derechos humanos por parte de las autoridades durante el año 2021.
En este sentido el diputado Julio César Solís indicó “con los resultados generados en esta evaluación y donde vemos que están reprobados los Ayuntamientos, invitamos a cada uno de los treinta y seis alcaldes atender las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos, pues no debe existir una omisión para mejorar las condiciones físicas y operativas de los centros de retención en los municipios, y no violentar así los derechos fundamentales de las personas al momento de privarse de su libertad” indicó el legislador.
Por otro lado, Julio César Solís, reconoció la labor de Israel Hernández Cruz al frente de la Comisión de Derechos Humanos en Morelos con quien determinó trabajar de manera coordinada para diseñar algún instrumento legal, como sería un reglamento o alguna Ley, que permita reforzar y obligar a las autoridades atender este tipo de observaciones y recomendaciones en materia de derechos humanos, concluyó.
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