
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 21 de junio de 2022
Infinidad de ocasiones, en este y otros espacios periodísticos, he documentado estadísticas recabadas durante casi cuatro décadas por especialistas en seguridad nacional, referentes a la expansión del crimen organizado y el vertiginoso incremento de la incidencia delictiva durante las transiciones políticas, cada seis años. Lo ocurrido ayer en la Central de Autobuses Sur de la Ciudad de México (Taxqueña) se inserta en dicha coyuntura, propiciada, entre otros factores, por los vacíos de autoridad. Las bandas criminales se percatan de ello y por eso intensifican sus ilícitas actividades.
En todos los casos ha predominado una constante: los últimos cinco cambios de presidente de la República generaron vacíos de autoridad y el descontrol de las bandas delincuenciales por parte del estado mexicano. Esta problemática siempre se ha mantenido en el primer sitio de las vulnerabilidades de los presidentes y gobernadores en turno. Cabe subrayar que nunca consiguieron remontar plenamente el lamentable estado de cosas. Y la situación actual se está perfilando hacia el mismo destino.
El 19 de septiembre de 2008, a un año y medio de iniciada la guerra del presidente Felipe Calderón contra el “narcotráfico”, transcribí cifras concentradas por el inolvidable maestro Rafael Ruiz Harrell, autor del libro “Criminalidad y Mal Gobierno” (Editorial Sansores & Aljure), quien estuvo avecindado en Cuernavaca desde hace muchas décadas hasta su fallecimiento el 29 de diciembre de 2007.
El especialista documentó que en 1977 creció la delincuencia un 13.4 por ciento con relación al 9.5 por ciento de diciembre de 1976, cuando tomó posesión José López Portillo. En 1983, a escasos meses del arribo de Miguel de la Madrid a la Presidencia, el aumento fue del 44.1 por ciento, el más alto de 1975 a 2008.
En 1989, tras la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la titularidad del Poder Ejecutivo federal, hubo una disminución de 8 por ciento contra el citado 44.1 por ciento. En 1995, una vez iniciado el gobierno de Ernesto Zedillo, el porcentaje creció hasta 42.4 por ciento.
Para marzo del año 2001, Vicente Fox Quesada, el presidente de la alternancia en el poder, enfrentó un repunte delictivo que alcanzó casi el 43.0 por ciento. Cabe subrayar que las estadísticas recabadas por Rafael Ruiz Harrell abarcaron hasta mediados de 2007. Sin embargo, nosotros logramos detectar, en lo que iba de la administración de Felipe Calderón hasta septiembre de 2008, niveles del 45.6 por ciento de incremento delictivo.
La problemática a nivel nacional fue más grave que en épocas anteriores, pues el crimen tendió a expandirse por regiones. Cada zona se convirtió en un mercado. Por ello, las tasas delictivas -en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa- fueron notablemente altas en Baja California Norte, Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, parte del Estado de México y Morelos. Y así sucesivamente durante el sexenio de Peña Nieto. Nunca se redujo la criminalidad. Tocante a la administración de López Obrador, en su sexenio se rebasó a los anteriores en lo que a homicidios dolosos se refiere. Muchas zonas del país están controlados por grupos criminales.
Me parece, pues, que lo ocurrido recientemente en varias ciudades mexicanas (incluida la capital morelense y otros puntos de nuestra entidad), desafiando a las instituciones por parte del crimen organizado, tiene vinculación con los vacíos de autoridad que generan las transiciones políticas, como la que se avecina a nivel nacional y en nuestro estado.
Así nos perfilamos hacia el cambio de gobierno a nivel nacional y estatal.
Conclusión: me parece que el escenario de la transición política nacional y en un importante número de entidades federativas (el año próximo se renovarán nueve gubernaturas y cientos de ayuntamientos) generará vacíos de autoridad y con ello se abrirán espacios para el reagrupamiento de bandas criminales, así como su nuevo anidamiento en determinadas regiones de la República Mexicana.
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